Ley de Contratos del Sector Publico
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Esta primera edición de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público está formada por una introducción en la que se exponen las principales novedades y cuestiones polémicas relativas a esta norma, el propio texto normativo con rigurosas anotaciones a pie de página, además de una tabla de equivalencias entre esta norma y el Real Decreto Legislativo 30/2011, ...
Sinopsis
Esta primera edición de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público está formada por una introducción en la que se exponen las principales novedades y cuestiones polémicas relativas a esta norma, el propio texto normativo con rigurosas anotaciones a pie de página, además de una tabla de equivalencias entre esta norma y el Real Decreto Legislativo 30/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y un completo índice analítico. Asimismo, se compone de un anexo normativo y documental que incluye, entre otros, las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, y, sus respectivos reglamentos que las modifican. También contiene la Recomendación de 25 de abril de 2008, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre contenido básico de los pliegos de cláusulas administrativas particulares comunes para todo tipo de contratos administrativos y la de 28 de febrero de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con diversos aspectos relacionados con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público. Se recogen dos Resoluciones de la Presidencia del Tribunal de Cuentas: de 10 de diciembre de 2013 y de 23 de diciembre de 2015 por las que se publican los Acuerdos del Pleno de 28 de noviembre de 2013 y de 22 de diciembre de 2015, respectivamente. Y, por último, se recoge la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
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